A través de una declaración pública emitida con fecha 2 de septiembre de 2026, el Colegio de Profesores y Profesoras Comunal Fresia fijó su postura oficial frente a los antecedentes expuestos por este medio respecto al oficio de denuncia interpuesto por un apoderado del Liceo Carlos Ibáñez del Campo, en el cual se acusó un presunto sesgo doctrinario en una guía pedagógica evaluada.
FRESIA AHORA .— En el documento, el Directorio Comunal del gremio docente señaló de entrada que su pronunciamiento surge «frente a la denuncia aparecida en el diario digital “Fresia Ahora” respecto a un presunto proselitismo político dentro de un establecimiento educacional de nuestra comuna», pasando a fundamentar la validez técnico-pedagógica del instrumento y la defensa del rol formativo de los docentes en el aula.
Defensa de la libertad de cátedra y alineamiento curricular
Uno de los ejes centrales del manifiesto gremial radica en la reivindicación de la autonomía profesional en el ejercicio docente. Al respecto, declararon: «Reafirmamos el derecho fundamental de las y los docentes a ejercer la libertad de cátedra garantizada por la Constitución y la normativa vigente como pilar esencial del proceso educativo democrático y crítico. Como profesionales de la educación contamos con libertad de cátedra que es un derecho y una responsabilidad inherente a todo profesor, nadie desde fuera de la comunidad educativa y sin competencia técnica puede imponernos arbitrariamente qué enseñar y cómo hacerlo».
Asimismo, el magisterio descartó que la evaluación responda a una iniciativa arbitraria o de índole particular, remarcando su sujeción a los lineamientos institucionales: «Esta libertad de cátedra se ejerce dentro de un marco regulatorio claro dictado por el Ministerio de Educación, contamos con un currículum nacional con objetivos de aprendizaje y contenidos específicos que marcan nuestro quehacer pedagógico no improvisamos actividades según criterio individual».
Origen de los casos y distinción conceptual
Respecto al contenido específico de la guía evaluada titulada «Análisis de casos de vulneración de derechos», el comunal del Colegio de Profesores aclaró las fuentes utilizadas para su diseño pedagógico, sosteniendo que «los ejercicios de la guía cuestionada corresponden a hechos extraídos de publicaciones e informes de organismos nacionales de Derechos Humanos y no opiniones ni un manual político partidista, estas actividades se enmarcan en objetivos de aprendizaje de acuerdo con el currículum vigente».
Frente a los cuestionamientos del denunciante —quien argumentó en su libelo que no se incorporaron casos referidos a hechos de violencia contra comerciantes, recintos religiosos o personal policial—, el gremio precisó una distinción de orden conceptual: «En la denuncia se manifiesta que los derechos humanos estarían enfocados unilateralmente es necesario que clarificar la diferencia entre conceptos como violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y delitos comunes. No nos corresponde emitir juicios judiciales sino enseñar de acuerdo con el currículum vigente».
Rechazo a calificativos y exigencia de garantías laborales
Por otra parte, la organización gremial cuestionó en duros términos las calificaciones formuladas en la denuncia formal, advirtiendo que «nos parece extremadamente peligroso y violento calificar una actividad pedagógica como de izquierda radical, etiquetar de esta forma una guía de clases es una descalificación que incita al amedrentamiento docente, daña la convivencia democrática y lesiona la libertad de enseñanza».
En esa línea, agregaron que las diferencias y la vida institucional «se fortalecen con diálogo argumentos y pluralismo y no con la descalificación del otro estas acciones sólo aportan odiosidad y no contribuyen al fortalecimiento democrático. Rechazamos categóricamente estas declaraciones por cuánto vulnera nuestra libertad de enseñanza y nuestra autonomía profesional», enfatizando que no transarán en «ejercer nuestra libertad de cátedra y nuestra función de formar ciudadanos críticos e informados».
Finalmente, el Directorio Comunal demandó «asegurar ambientes laborales seguros respetuosos y libres de presión garantizando el derecho de estudiantes docentes y comunidad escolar a una educación democrática, pluralista, informada y de calidad».
Antecedentes en sede fiscalizadora
Cabe recordar que los antecedentes originales remitidos por el requirente fueron ingresados formalmente ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Lagos, entidad que confirmó a este medio la recepción formal del expediente y su derivación a la Superintendencia de Educación, organismo legalmente facultado para revisar y analizar la pertinencia normativa del caso.
Como medio de comunicación, Fresia Ahora mantiene su apego a la objetividad y a la bilateralidad de la información, limitándose a dar cobertura transparente a los antecedentes documentados y a los descargos de las partes involucradas, radicando en los órganos fiscalizadores correspondientes la resolución técnica e institucional de la controversia.
