CRÓNICA DE ANÁLISIS
El Concejo Municipal de Fresia desnudó su incapacidad para operar como un contrapeso equilibrador tras quedar atrapado entre la fiscalización testimonial y el temor al colapso de la ciudad. Mientras la oposición rechazó convalidar las faltas, el descuelgue del concejal César Marcial Muñoz (RN) quebró a su bloque, evitó una derrota de 4 a 2 contra la administración y forzó el empate 3 a 3 que habilitó el voto dirimente del alcalde Miguel Cárdenas para aprobar el polémico Memo 105, salvando momentáneamente a una casa edilicia acorralada.
La Sesión Extraordinaria N.º 316 del Concejo Municipal de Fresia, celebrada este martes 22 de septiembre de 2026, dejó al descubierto una de las crisis administrativas, políticas y financieras más complejas que haya enfrentado la actual administración del alcalde Miguel Cárdenas Barría. Lejos de tratarse de un simple trámite de ajuste contable, la discusión del Memorándum N.º 105 de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) expuso un cuadro estructural de ineficiencia técnica, fragilidad de caja, sumarios disciplinarios abiertos sin sanción y una fractura política que divide a la mesa edilicia entre la fiscalización frontal y la contención pragmática.
El epicentro de la controversia fue la obligación perentoria de reintegrar $66.730.359 al Fisco a través de la Subdere, tras vencerse irremediablemente los plazos legales de convenios sectoriales que debieron traducirse en adelantos tangibles para la comunidad. La pérdida corresponde a dos asignaciones del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGEM): $60.219.359 del año 2023 —que estaban destinados a obras vecinales como resaltos reductores de velocidad, proyectos en el Estadio La Maine y adelantos en el sector San Nicolás— y $6.511.000 del ejercicio 2024. En este último caso, el municipio no solo perdió los fondos fiscales, sino que debió destinar más de $5,4 millones de sus propios recursos para costear boletas pendientes a consultores externos contratados por la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) para iniciativas que no lograron completarse a tiempo.
En el corazón de este fracaso técnico se ubica la gestión de la Secplan, unidad técnica que a lo largo de este período edilicio ha acumulado severas y reiteradas críticas de parte de diversos concejales por su falta de celeridad, deficiencias y una evidente incapacidad para cumplir con los plazos perentorios. Las actas del Concejo Municipal dan cuenta de un malestar recurrente y transversal.
Lejos de operar como el motor de desarrollo comunal que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades encomienda a esta secretaría, la unidad terminó convirtiéndose en un embudo técnico donde las iniciativas prioritarias para los sectores urbanos y rurales de Fresia perdieron vigencia y financiamiento por mera desidia administrativa.
Aunque la jefatura municipal argumentó haber desplegado gestiones formales y reuniones de emergencia ante la Subdere regional en Los Lagos y a nivel central en Santiago para intentar destrabar prórrogas excepcionales, el organismo central no tuvo margen de tolerancia política. La Subsecretaría, alineada con las directrices vinculantes y auditorías de la Contraloría General de la República sobre convenios de transferencia vencidos, cerró cualquier posibilidad de flexibilización y activó los mecanismos de cobro y restitución. En la práctica, las tratativas en los pasillos ministeriales de la capital solo expusieron la fragilidad de la gestión local.
El impacto del descalabro financiero obligó a la DAF a estructurar una modificación presupuestaria superior a los $195 millones para asegurar la operatividad básica de la comuna hasta el 31 de diciembre. Para cubrir ese forado, la administración recurrió a un salvavidas de más de $128 millones provenientes de los saldos de caja del Royalty Minero, utilizándolos para financiar $49,5 millones en prórrogas de contratos de personal a honorarios a contar del 1 de octubre, $67 millones en consumos básicos (luz, agua y telefonía) y $7,4 millones para combustible. Esta maniobra desató una fuerte controversia, dado que los dineros del Royalty fueron creados por espíritu para impulsar inversión de desarrollo comunal y proyectos nuevos, terminando en cambio convertidos en un parche contable para absorber gastos corrientes e ineficiencias de arrastre.
La tensión escaló a su punto más crítico cuando el alcalde Miguel Cárdenas, al defender el uso del Royalty frente a los cuestionamientos por el desbalance financiero, lanzó una dura advertencia a los ediles: si no se estabilizan las cuentas y se cubren los costos operacionales, el municipio se verá forzado a desvincular funcionarios. Esta declaración generó inmediata zozobra en la planta de trabajadores a honorarios y prestadores de servicios, instalando la sensación de que el costo de las malas planificaciones directivas terminará recayendo en los trabajadores de base.
A este escenario se sumó la incómoda revisión del historial de responsabilidades administrativas. Durante la misma sesión se ratificó la vigencia de dos sumarios administrativos que siguen abiertos y sin resolverse: una investigación sumaria para determinar quiénes fueron los responsables técnicos del vencimiento de los convenios del FIGEM, y un segundo sumario, instruido por el director de control, que indaga graves irregularidades asociadas a la sustracción de combustible municipal, lo que levantó suspicacias en sala al solicitarse paralelamente un aumento de $7,4 millones para bencina y diésel. A ello se agregó la advertencia sobre la contingencia de cerca de $400 millones ligados a proyectos de pozos profundos de agua potable rural, donde si bien se subsanó la observación del sector Monteverde, aún restan dos proyectos.
Frente a la gravedad de los antecedentes, el rol del Concejo Municipal quedó en tela de juicio por su falta de equilibrio institucional. Al no ejercer un control preventivo temprano que frene las fallas antes de que lleguen al plenario, los ediles quedaron atrapados en un dilema de hierro: votar en contra para sancionar la negligencia o votar a favor para evitar una catástrofe social. Desde esa perspectiva, la concejala Yoanna Ovando Nopai (PS) fundamentó su postura argumentando que su voto busca proteger a los vecinos y resguardar la continuidad de servicios elementales que resultan de carácter impostergable para la comuna. Su tesis apunta a que rechazar el Memo 105 no habría castigado a los responsables directos, sino que habría desatado consecuencias de afrontar.
Esta postura pragmática de resguardo comunal fue compartida por la concejala Soledad Barría Antilef (IND-DC) y el concejal César Marcial Muñoz Nieto (RN). La actuación de Muñoz se transformó en el dato político más relevante de la jornada: al desmarcarse de la línea de su partido y de la oposición en bloque —integrada por los concejales Carlos Alarcón Alarcón (RN), José Alvarado Pacheco (REP) y Karin Altamirano Ortega (UDI), quienes rechazaron de plano la moción para no convalidar la presunta falta técnica de la administración ni avalar la impunidad de los sumarios—, Muñoz impidió una derrota institucional de 4 votos contra 2 para la alcaldía. Su descuelgue selló un empate de 3 a 3, entregándole al alcalde Miguel Cárdenas la potestad de utilizar su voto dirimente para visar la devolución de los fondos y aprobar la readecuación presupuestaria. El posterior intento de aplacar los ánimos mediante un acuerdo para consultar al concejo en futuras inversiones fue desestimado por el bloque opositor, cuyos integrantes optaron por abstenerse al calificar la medida como un mero calmante político.
En el plano de las implicancias legales, el episodio reabrió el debate sobre la configuración de un eventual notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Si bien la jurisprudencia de la Ley N.º 18.695 establece que la inejecución aislada de fondos suele considerarse una falta de gestión administrativa, el cuadro que hoy exhibe Fresia trasciende lo puntual: la pérdida de estos $66 millones, la dilatación injustificada de sumarios administrativos por proyectos y combustible, la contingencia millonaria en los pozos profundos y el desvío de recursos del Royalty Minero para parchar gastos fijos configuran un patrón de detrimento patrimonial reiterado y falta inexcusable de control jerárquico.
La sesión extraordinaria N.º 316 concluyó zanjando la salida de los dineros fiscales hacia Santiago, pero dejó a la luz un municipio financieramente tensionado, una unidad técnica de Secplan en entredicho, un Concejo Municipal incapaz de articular un contrapeso equilibrado y un ambiente interno oscurecido por investigaciones inconclusas y la advertencia de despidos.
El verdadero peso político de la jornada residió en las consecuencias inmediatas que habrían detonado un rechazo por parte del Concejo Municipal. De haberse impuesto el voto en contra del bloque opositor (4 contra 2), la negativa no habría significado un castigo directo a las jefaturas técnicas responsables, sino una eventual paralsis de la comuna. Sin la modificación presupuestaria de más de $195 millones ni el salvavidas del Royalty, el municipio habría quedado en insolvencia para costear consumos elementales.
A este apagón administrativo local se habría sumado la asfixia financiera desde el nivel central. El incumplimiento del reintegro de los $66,7 millones en el plazo fatal fijado por la Subdere habría activado sanciones automáticas: el bloqueo de la plataforma informática para postular a nuevos proyectos de inversión comunal y la intervención de la Tesorería General de la República junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Fue precisamente este escenario de catástrofe institucional el que quebró a la oposición y forzó el salvataje: los concejales no votaron convencidos por la gestión de la gestión alcaldicia , sino arrinconados por el costo social que habría significado para la comuna.
