El parlamentario requirió antecedentes oficiales a la Delegación Presidencial y a la Seremi de Justicia para determinar la cadena de autorizaciones y eventuales responsabilidades administrativas.
El diputado por la Región de Los Lagos, Héctor Barría, solicitó formalmente esclarecer los procedimientos y las responsabilidades administrativas vinculadas a las recientes rebajas de condenas otorgadas a nivel nacional, señalando que las determinaciones adoptadas contemplan también la intervención de instancias regionales.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, las medidas responden a una cadena administrativa que involucra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus respectivas subsecretarías. Frente a los casos de público conocimiento —entre los que se cuentan condenados por delitos sexuales contra menores, crímenes de derechos humanos, infracciones a la ley de drogas y otros ilícitos de gravedad—, el parlamentario sostuvo que la tramitación no ha sido ajena a las zonas regionales.
«Esto parte desde regiones», manifestó el diputado Barría, quien afirmó que se manejan antecedentes sobre al menos dos personas que habrían accedido a la libertad en la Región de Los Lagos a través de este conducto.
En este contexto, el parlamentario extendió un requerimiento directo a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y a la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, a fin de que transparenten los informes remitidos, los criterios aplicados y los eventuales vistos buenos emitidos desde el nivel local. «Hay autoridades que también deben dar la cara, deben informarnos como corresponde a toda la ciudadanía», declaró.
Asimismo, Barría remarcó la importancia de alinear los actos administrativos con las prioridades del Estado en materia de seguridad pública: «Un gobierno que se comprometió con la seguridad ciudadana no puede eludir la responsabilidad».
Finalmente, la autoridad fiscalizadora enfatizó que resulta indispensable revisar los antecedentes institucionales y la cadena de mando completa para determinar la existencia de posibles irregularidades y derivar las resoluciones a los organismos competentes según el marco legal vigente.
