Justo Emilio Vargas Gómez cumplía 8 años de presidio efectivo dictados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt por ilícitos cometidos en el territorio comunal. Una resolución administrativa del Ministerio de Justicia concretó su salida anticipada del recinto carcelario con 13 meses de anticipación. Fresia Ahora se encuentra en trámite formal para obtener una precisión técnica de la Seremi de Justicia que detalle las medidas adoptadas por la entidad.
FRESIA.— La confirmación oficial sobre la aplicación de decretos exentos de rebaja de penas por delitos sexuales en la Provincia de Llanquihue mantiene en foco prioritario a la comuna de Fresia. De acuerdo con los antecedentes del expediente judicial, uno de los procesos corresponde a Justo Emilio Vargas Gómez, quien se encontraba recluido cumpliendo una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt por ataques perpetrados en este territorio comunal.
El fallo de origen acreditó su responsabilidad en calidad de autor de dos hechos constitutivos de delitos sexuales: abuso sexual consumado contra una menor de edad y violación de una mujer adulta. Por estos ilícitos, el tribunal impuso una condena única de 8 años de presidio efectivo. No obstante, mediante la tramitación de un decreto exento del Ministerio de Justicia, se le aplicó una reducción de 13 meses sobre el total de la pena, concretándose administrativamente su egreso del recinto penal antes de la fecha original fijada por la justicia.
En el mismo balance de causas correspondientes a la provincia figura la resolución aplicada a Juan José Soto Aro, sentenciado por el mismo tribunal a 541 días de presidio menor por abuso sexual contra una menor de 14 años, a quien se le otorgó una disminución de 3 meses, concluyendo de igual forma su permanencia carcelaria antes del plazo original.
Fresia Ahora en gestión directa con la Seremi de Justicia
Frente al impacto y la gravedad de los antecedentes confirmados, el equipo de prensa de Fresia Ahora se encuentra en trámite directo ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos para acceder a una precisión técnica oficial. La gestión apunta a que la entidad sectorial explique de manera detallada las medidas adoptadas y los alcances concretos de las resoluciones administrativas en la zona.
En paralelo, existen solicitudes formales ingresadas por vías oficiales para que se informe de manera reservada a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los domicilios declarados tras el egreso carcelario, buscando coordinar labores de georreferenciación y esquemas preventivos de protección para el entorno de las víctimas. Asimismo, se pidió revisar la procedencia jurídica de estos decretos a la luz de la Ley N° 21.421, cuerpo normativo que prohíbe la entrega de beneficios o rebajas a condenados por agresiones sexuales contra la infancia.
