Por Paulina Muñoz Molina
Ex Delegada Presidencial Regional de Los Lagos
Al asumir el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la seguridad pública ya era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad de la agenda pública. Esta realidad impulsó un esfuerzo institucional para avanzar hacia una política de Estado capaz de enfrentar fenómenos delictuales cada vez más complejos.
Esa convicción permitió impulsar una agenda de seguridad sin precedentes. Entre los hitos más relevantes destacan la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, la entrega de recursos históricos a Carabineros y la PDI, el fortalecimiento de la coordinación institucional y el desarrollo de mejores capacidades para enfrentar delitos complejos.
En la Región de Los Lagos, las medidas impulsadas en estos años permitieron mejorar la coordinación territorial y las herramientas disponibles para responder a las necesidades de las comunidades. Un aspecto relevante ha sido el rol de los municipios en materia de seguridad. El Sistema Nacional de Seguridad Municipal permitió que las 30 comunas accedieran a recursos para iniciativas de prevención y recuperación de espacios públicos.
En un territorio con características geográficas particulares, donde convergen sectores rurales, conectividad marítima y pasos fronterizos estratégicos, la coordinación institucional es clave para enfrentar los desafíos de seguridad. En esa línea, la implementación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) por parte de la Fiscalía ha fortalecido la investigación y persecución penal de delitos de alta complejidad.
A ello se suma la aprobación de cerca de 70 leyes vinculadas a seguridad pública, fruto de un importante trabajo legislativo que ha robustecido las capacidades del Estado para prevenir y perseguir delitos.
Sin embargo, persisten desafíos relevantes, como fortalecer la coordinación operativa en tierra, mar y aire; avanzar en la implementación de un número único de emergencias; consolidar el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública; y fortalecer las capacidades municipales mediante la nueva Ley de Seguridad Municipal.
La experiencia de estos años demuestra que la seguridad requiere continuidad, coordinación institucional y una mirada estratégica que trascienda los ciclos políticos. Por ello, más allá de las legítimas diferencias, el desafío es preservar y profundizar los acuerdos que permitan consolidar una política pública eficaz y sostenible en el tiempo.
La seguridad seguirá siendo una de las principales demandas ciudadanas y los avances alcanzados constituyen una base para seguir construyendo. Consolidar instituciones sólidas, fortalecer a los municipios y mantener políticas públicas sostenidas en el tiempo será clave para responder a una de las mayores exigencias de la ciudadanía. Ese es el desafío que Chile debe asumir como una verdadera política de Estado.
