El fallo declaró inconstitucionales cuatro disposiciones de la iniciativa, entre ellas la revisión policial de mochilas sin orden previa, restricciones en el Sistema de Admisión Escolar y la pérdida de gratuidad universitaria para ciertos estudiantes condenados.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley conocido como Escuelas Protegidas, iniciativa que había sido aprobada por el Congreso y que buscaba reforzar la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales del país.
Una de las normas objetadas establecía que, si un estudiante se negaba a una revisión de sus pertenencias y su apoderado no acudía al establecimiento tras ser citado, el colegio debía informar la situación a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Este mecanismo de aviso obligatorio fue eliminado del proyecto.
Otro de los puntos rechazados permitía que las policías pudieran revisar vestimentas, mochilas y otras pertenencias de estudiantes dentro de los recintos educacionales, cuando existieran antecedentes que hicieran presumir la comisión o preparación de un delito. La disposición fue declarada inconstitucional por no contemplar una orden previa del Ministerio Público.
El fallo también afectó parte de las modificaciones a la Ley de Subvenciones. Entre ellas, se eliminó la prohibición de usar ropa o accesorios alusivos a drogas, violencia o conductas delictivas. Además, se descartó que tomas, paros o protestas estudiantiles que interrumpieran clases fueran calificadas automáticamente como una afectación grave a la convivencia escolar.
Otra medida que no podrá avanzar es la restricción de matrícula o pérdida de prioridad en el Sistema de Admisión Escolar para estudiantes expulsados por problemas de convivencia. Con esto, se mantiene la posibilidad de que estos alumnos continúen sus estudios en otro establecimiento educacional.
Finalmente, el Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional la norma que buscaba impedir el acceso o mantener fuera de la gratuidad universitaria, por un período de cinco años, a estudiantes condenados por determinados delitos cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o en sus inmediaciones. Pese al fallo, el Gobierno buscará nuevas fórmulas para insistir en medidas orientadas a enfrentar la violencia y mejorar la seguridad en los espacios educativos.
