La Contraloría Regional de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Fresia iniciar un procedimiento disciplinario luego de detectar observaciones en contrataciones de capacitaciones realizadas a través de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), operaciones que superaron los $3,5 millones entre los años 2024 y 2025.
La investigación se originó tras una denuncia reservada presentada ante el organismo fiscalizador, donde se cuestionaba la legalidad de un curso sobre prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo dirigido a cuatro concejales de la comuna. La acusación apuntaba a que el municipio habría utilizado trato directo invocando especialización del proveedor, pese a que la capacitación no tendría relación con las funciones de los ediles.
Sin embargo, tras revisar los antecedentes, la Contraloría descartó irregularidades respecto a la asistencia de los concejales al curso. El informe estableció que la capacitación sí era obligatoria de acuerdo con el artículo 104 de la Ley N.º 21.724, normativa que exige a autoridades electas aprobar este tipo de formación durante los primeros seis meses de ejercicio del cargo.
El organismo confirmó además que la capacitación denominada “Curso de prevención y atención del acoso sexual y laboral y violencia en el trabajo” fue realizada entre el 4 y el 6 de junio de 2025 y que sus contenidos cumplían con las materias exigidas por la ley, entre ellas protocolos de prevención, conductas constitutivas de acoso y procedimientos de investigación.
No obstante, la Contraloría detectó que la AMUCH fue contratada en cinco oportunidades por la Municipalidad de Fresia para prestar diversos servicios de capacitación, totalizando pagos por $3.565.000. Según el informe, dichas contrataciones vulneran la normativa vigente y los criterios establecidos por la propia Contraloría, ya que las asociaciones municipales no están facultadas para comercializar servicios remunerados de capacitación.
El documento explica que este tipo de entidades sí pueden desarrollar actividades formativas para municipios asociados, pero únicamente cuando son financiadas mediante cuotas, subvenciones o aportes municipales establecidos por ley, y no mediante contratos individuales de prestación de servicios.
Además, el órgano fiscalizador cuestionó la utilización reiterada del trato directo en las contrataciones realizadas con la AMUCH. En tres casos, el municipio argumentó la existencia de derechos de propiedad intelectual para justificar la contratación sin licitación pública. Sin embargo, la Contraloría sostuvo que la inscripción de contenidos de capacitación no transforma dichas materias en propiedad exclusiva, ya que corresponden principalmente a interpretaciones y análisis de normativa pública y jurisprudencia administrativa.
En otras dos contrataciones, la municipalidad justificó el trato directo señalando que el proveedor poseía un alto grado de especialización. A juicio de la Contraloría, esa causal tampoco fue acreditada documentalmente, incumpliéndose así los requisitos legales que permiten utilizar mecanismos excepcionales de contratación.
Fresia Ahora revisó las contrataciones observadas y cruzó antecedentes respecto a las fechas de los cursos y los dictámenes citados por Contraloría, constatando que parte de las capacitaciones cuestionadas fueron realizadas antes de que el organismo fijara durante 2025 el nuevo criterio específico respecto a las asociaciones de municipios y la prestación de servicios remunerados de capacitación, interpretación contenida en los dictámenes N.º E186 y E129432 utilizados como fundamento en el informe.
Consultado por Fresia Ahora, el administrador municipal señaló que el municipio acatará plenamente lo instruido por Contraloría y confirmó que ya fue iniciado el sumario administrativo solicitado por el organismo fiscalizador.
“Como municipio vamos a acatar plenamente lo instruido por la Contraloría y ya iniciamos el sumario administrativo correspondiente, realizando además todas las diligencias solicitadas por el organismo fiscalizador”, indicaron desde la administración municipal.
Finalmente, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles para remitir los antecedentes del procedimiento disciplinario a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía del organismo.
