Por: Fabián Nail Álvarez Ex (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos.
En política, nada ocurre por casualidad. O al menos, nada debería. Cada gesto, cada declaración, cada decisión —por más errática que parezca— responde a un propósito: una acción concreta, un mensaje estratégico o la voluntad de generar una sensación en la opinión pública. Lo que a simple vista se percibe como desprolijidad o incompetencia podría ser, en realidad, parte de un guion perfectamente calculado. La pregunta incómoda entonces es: ¿y si la torpeza también tiene un objetivo?
Cuando un gobierno expone sistemáticamente a la ciudadanía a escenas de improvisación, declaraciones contradictorias y actos que rozan lo vergonzoso, es difícil creer que todo sea fruto del azar o de la simple ineptitud. Hay un patrón que se repite, una constante que invita a sospechar que, tras ese desorden aparente, se esconde una estrategia. No una estrategia para gobernar bien, sino para instalar otra conversación.
El primer propósito, el más evidente, es instalar la crítica permanente como herramienta de contraste. Mientras más torpezas cometa el gobierno actual, más fácil resulta señalar con el dedo a la administración anterior. Cada metida de pata se convierte en un espejo deformado donde se intenta reflejar lo que “se hacía antes”. Es un mecanismo casi primario: saturar el debate público con errores propios para que la comparación funcione como único termómetro de gestión. Así, lo que debería ser un balance riguroso se transforma en un juego de “quién es el payaso del día”.
Pero hay una segunda vía, más oscura, que no busca solo desacreditar al pasado sino nublar el presente. Se trata de la clásica cortina de humo, elevada a categoría de método. La idea es simple: enlodar la discusión con tantas situaciones patéticas, deslices absurdos y declaraciones insólitas, que el foco nunca se posa donde realmente importa. ¿Y qué es lo importante? Las modificaciones estructurales que este gobierno está impulsando silenciosamente: cambios al sistema del Estado que afectan directamente el bienestar de las personas, reformas que redistribuyen recursos hacia arriba, ajustes que terminan pagando las familias mientras un núcleo reducidísimo —ese 1% de la población, tan cercano a las autoridades— sigue acumulando beneficios.
El daño no es colateral. Es el precio diseñado para que ese pequeño grupo salga favorecido. La calidad de vida de la mayoría se deteriora, pero la discusión pública está atrapada en el circo de la torpeza cotidiana. Mientras unos se indignan por un error garrafal en cadena nacional, otros modifican en silencio las reglas del juego económico y social. Ese es el verdadero propósito: que no mires hacia donde están operando la caja fuerte.
Por eso, más que quedarnos en la denuncia, necesitamos una exigencia clara y propositiva. Hay que “hacer que las cosas pasen”, pero de otra manera. Que cada acción del gobierno revele su verdadero propósito. Que no haya torpeza que oculte una maniobra, ni error que disfrace un saqueo. La ciudadanía merece saber qué busca realmente esta administración. Y merece, también, gobernantes que no necesiten del desorden para sobrevivir.
Porque cuando la torpeza es parte del propósito, lo único que queda claro es que el respeto por la inteligencia colectiva ha dejado de ser la prioridad. Y eso, a diferencia de lo que creen, no es ninguna torpeza: es una decisión.
