y reiteró su llamado a que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad ciudadana. Desde el Gobierno señalaron que una medida de este tipo requiere una excepción constitucional y que hoy no está en evaluación para zonas urbanas.
La tragedia ocurrida en San Bernardo, donde un niño de 12 años murió tras quedar atrapado con el cinturón de seguridad durante una encerrona, volvió a instalar el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos violentos en zonas urbanas.
Tras el hecho, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, reiteró su llamado a incorporar a las Fuerzas Armadas como apoyo en labores de seguridad ciudadana, especialmente en comunas que, según planteó, enfrentan una alta demanda policial y una limitada capacidad operativa.
“Aquí el problema es que en San Bernardo, por ejemplo, de cada 100 casos, Carabineros llega a 37 porque no tiene capacidad”, señaló la autoridad comunal. En esa línea, agregó: “Llevamos dos años solicitando la colaboración de las Fuerzas Armadas como coadyuvantes, así como lo somos nosotros en seguridad municipal”.
White también cuestionó la falta de participación de las instituciones militares en este tipo de escenarios. “Parecen estar por sobre la soberanía de la República, no se quieren meter en un problema en el que todos estamos inmersos. La pregunta que uno se hace es por qué las Fuerzas Armadas no pueden colaborar”, expresó.
Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió que las Fuerzas Armadas ya cumplen labores de apoyo en zonas específicas, como la frontera norte y la macrozona sur. Sin embargo, aclaró que su despliegue en sectores urbanos requiere condiciones legales especiales.
“Son posibilidades que requieren de una excepción constitucional y hoy día no están dentro de nuestro plano de evaluación las zonas urbanas”, sostuvo Arrau. El secretario de Estado también indicó que una eventual participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna debe ir acompañada de otra discusión: “Hay que tener otro tipo de discusiones como las Reglas del Uso de la Fuerza”.
El debate se produce en medio de la conmoción nacional por la muerte del menor y mientras Carabineros y la Fiscalía mantienen diligencias para identificar y detener a los responsables de la encerrona. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los involucrados serían menores de edad, situación que aumenta la preocupación por la participación de adolescentes en delitos graves.
El caso no solo reabrió la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, sino también sobre la necesidad de fortalecer la presencia policial, la coordinación con los municipios y las estrategias preventivas frente al avance de delitos violentos.
