El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras tres jornadas de formalización por diversos delitos. La jueza Paulina Moya concluyó que el jefe comunal presenta un riesgo de fuga y constituye un peligro para la sociedad.
«El tribunal considera que la libertad del imputado Jadue es peligrosa para la seguridad de la sociedad», argumentó la magistrada. Además, subrayó que «su permanencia en el cargo significa un riesgo para los recursos de la municipalidad».
Los delitos imputados incluyen cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa. Por estos ilícitos, el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva y 15 años de cárcel para el militante del Partido Comunista.
Previo a la decisión de las medidas cautelares, Daniel Jadue y su defensa reiteraron su inocencia y acusaron a la Fiscalía de llevar a cabo una «farsa judicial». El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, criticó duramente la solicitud de prisión preventiva:
«No puede haber una aplicación automática de la prisión preventiva por la gravedad de los delitos ni el número de los delitos. Lo que ha planteado el señor consejero es aberrante a la luz del análisis que tienen que tener las medidas cautelares de prisión preventiva en estos casos», indicó Sepúlveda.
Acusaciones contra Daniel Jadue
La formalización contra Daniel Jadue y otras siete personas fue presentada por la fiscal Giovanna Herrera, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público en 2022. En dicho contexto, el alcalde es acusado de comprar y vender insumos médicos a sobreprecio durante la pandemia, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp).
Los productos en cuestión, que incluyen mascarillas, medicamentos y alcohol gel, fueron adquiridos a la empresa Best Quality SPA. Esta empresa ha acusado además a Jadue de estafa por no completar el pago de dichos insumos, deuda que alcanzaría los 1.000 millones de pesos.
La decisión del tribunal de decretar prisión preventiva se basa en la evaluación de los riesgos asociados a la libertad del imputado y el posible impacto en la comunidad de Recoleta y los recursos municipales. La investigación continuará mientras Daniel Jadue permanece bajo custodia preventiva.
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