El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) resolvió dejar sin efecto la destitución del alcalde de Llanquihue, Víctor Rubén Angulo Muñoz, y reemplazarla por una suspensión de tres meses con el 50% de su remuneración, según un fallo emitido este 24 de abril de 2026 y revisado por este medio.
La decisión modifica de forma sustancial la sentencia dictada en septiembre de 2025 por el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, que había ordenado su remoción del cargo e inhabilitación por cinco años, al considerar acreditado un notable abandono de deberes en el manejo financiero del municipio.
En su resolución, el TRICEL reconoce la existencia de irregularidades, pero establece un límite claro: las faltas detectadas no justifican la medida más gravosa dentro del régimen de responsabilidad de autoridades electas. El fallo sitúa el problema en deficiencias de control interno, particularmente en el funcionamiento del área de Administración y Finanzas, más que en una conducta deliberada orientada a vulnerar la legalidad.
El tribunal introduce además un elemento decisivo en su análisis: la conducta posterior del alcalde. La implementación de medidas para corregir las observaciones formuladas por la Contraloría Regional fue considerada como un factor atenuante relevante, al evidenciar una respuesta institucional frente a las falencias detectadas.
Bajo ese criterio, la sentencia insiste en que la destitución debe entenderse como una herramienta excepcional dentro del derecho electoral sancionador. La remoción de una autoridad elegida democráticamente, sostiene el fallo, solo procede cuando la gravedad de los hechos hace inviable la continuidad en el cargo, estándar que en este caso no se cumple.
A partir de esa ponderación, el TRICEL concluye que los antecedentes no alcanzan a configurar un abandono de deberes en el nivel exigido para justificar la salida del cargo, aunque sí ameritan una sanción proporcional.
La decisión no fue unánime. Una de las ministras del tribunal se inclinó por mantener la destitución, al estimar que las deficiencias en la gestión municipal se prolongaron en el tiempo y comprometieron de manera significativa el funcionamiento del municipio.
El fallo permite al alcalde evitar la inhabilitación para ejercer cargos públicos y fija una suspensión temporal como sanción definitiva. Cumplido ese periodo, podrá retomar plenamente sus funciones, cerrando así un proceso que reconfigura los criterios sobre responsabilidad política y administrativa en el ámbito municipal.
