Por Javier Alberto Barría Vera editor de Fresia Ahora
FRESIA.- Hace 50 años, seis hombres fueron fusilados al amanecer en Chamiza. El tribunal que los condenó duró apenas horas; el abogado que debía defenderlos no pudo ni entrevistarse con ellos en las celdas. Fueron juzgados bajo acusaciones nunca probadas. En diciembre de 2023, un juez de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó lo que debería haber sucedido 50 años atrás: condenó a los ejecutores, anuló el juicio militar, y declaró que aquello fueron crímenes de lesa humanidad.
Pero en Fresia, aún no hay placa que diga sus nombres. Aún no hay acto de duelo municipal. Aún no hay registro oficial de su historia en los espacios públicos de la comuna.
La Reforma Agraria llega a Fresia
Para entender qué pasó el 20 de septiembre de 1973 en el fundo El Toro, hay que remontarse apenas diez años atrás.
A inicios de los años setenta, Fresia era principalmente rural. Las principales actividades económicas giraban en torno a la agricultura y la ganadería, con familias campesinas que trabajaban tierras de particulares o del Estado. Fue en ese contexto que la Reforma Agraria —promovida por la Corporación de la Reforma Agraria (CORA)— llegó a los campos de Los Lagos.
El asentamiento “El Toro”, ubicado a 13 kilómetros del centro urbano de Fresia, se convirtió en uno de los principales núcleos de ese proceso transformador. Allí se organizaron comités campesinos y cooperativas. Familias enteras de obreros agrícolas, técnicos especializados, estudiantes de agronomía y profesores rurales trabajaban juntos con la esperanza de que la tierra fuera, por primera vez, de quienes la cultivaban.
Óscar Bernardo Arismendi Medina, de 46 años, era el presidente del Comité Campesino de El Toro y un militante activo del Partido Socialista. Junto a él trabajaban decenas de campesinos, entre ellos José Antonio Barría Barría, un joven de 23 años. Había técnicos agrícolas como José Mario Cárcamo Garay (26 años), estudiantes como José Luis Felmer Klenner (20 años), profesores normalistas como Francisco del Carmen Avendaño Bórquez (también 20 años), y otros trabajadores que habían depositado su fe en que la reforma agraria era el inicio de un cambio real.
El 20 de septiembre: El allanamiento
Nueve días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, con el estado de sitio ya instaurado y las fuerzas armadas controlando territorios completos, llegó el turno de El Toro.
El 20 de septiembre de 1973, un contingente armado de militares y carabineros cercó el asentamiento campesino. Las patrullas allanaron las viviendas. Arrestaron a trabajadores y colaboradores que se encontraban en el lugar.
Los detenidos fueron trasladados a la actual Tenencia de Carabineros de Fresia, ubicada en calle Bernardo O’Higgins 289. Este no era un destino temporal. Según el Informe Valech (2004), que registró formalmente todos los recintos de detención de la provincia de Llanquihue, la Tenencia de Fresia fue oficialmente catastrada como centro de detención transitoria e interrogatorio.
Desde allí, los detenidos eran derivados a otros recintos: algunos a la Cárcel Chin-Chin, otros al Regimiento de Infantería N° 12 Sangra de Puerto Montt. Fue un sistema. No fue improvisación.
Entre los detenidos locales estaban Óscar Arismendi, José Antonio Barría, José Mario Cárcamo, José Luis Felmer, Francisco Avendaño, y Mario César Torres Velásquez (32 años), linotipista. Junto a ellos, otros campesinos cuyos nombres permanecen en archivos del Estado. Junto a ellos, personas que no fueron fusiladas pero que permanecieron detenidas.
El Tribunal de nunca: El Consejo de Guerra Rol 11-73
Los detenidos de Fresia no fueron llevados ante tribunales civiles. Fueron procesados ante la Fiscalía Militar en Puerto Montt, en lo que se conoció como el Consejo de Guerra en la Causa Rol N° 11-73.
La acusación: se les imputó infracción a la Ley de Seguridad del Estado bajo el cargo de presuntos planes para “asaltar la Tenencia de Carabineros de Fresia”.
Presuntos. Nunca probados. Nunca defendidos.
Lo que ocurrió a continuación fue registrado meticulosamente por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en el Informe Rettig (1991). Los investigadores de esa comisión tuvieron acceso directo a los expedientes del Consejo de Guerra Rol 11-73. Sus conclusiones fueron demoledoras:
“Esta Comisión tuvo acceso al proceso Rol Nº 11-73 y llegó a la convicción de que los ejecutados fueron víctimas de una violación de los derechos humanos cometida por agentes del Estado, en especial al derecho a la vida y al justo proceso… El abogado defensor testimonió que no pudo desarrollar una defensa adecuada, por no contar con tiempo ni poder entrevistarse con los reos… los malos tratos a los prisioneros invalidan cualquier confesión».
El procedimiento fue sumario. Los hombres de Fresia no pudieron hablar con sus abogados. Fueron golpeados. Las únicas «confesiones» que existen son las obtenidas bajo tortura.
El tribunal militar —compuesto por oficiales militares, no por jueces civiles— dictó sentencia de muerte.
Chamiza: 19 de octubre de 1973
La madrugada del 19 de octubre de 1973, hombres del Toro, fueron conducidos a las instalaciones militares de la Fuerza Aérea en el sector de Chamiza, Puerto Montt.
Fueron fusilados.
Óscar Bernardo Arismendi Medina, 46 años. Presidente del Comité Campesino. José Antonio Barría Barría, 23 años. Obrero agrícola. José Mario Cárcamo Garay, 26 años. Técnico agrícola. José Luis Felmer Klenner, 20 años. Estudiante de Agronomía. Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, 20 años. Profesor básico. Mario César Torres Velásquez, 32 años. Linotipista.
No hubo defensa. No hubo apelación. Fue una ejecución de sentencia militar.
Fresia perdió a seis de sus trabajadores. Familias perdieron a padres, hermanos, compañeros. La Reforma Agraria fue desarticulada. El asentamiento El Toro fue intervenido.
Los sobrevivientes: La verdad que quedó bajo el silencio
Pero el allanamiento de El Toro abarcó a más personas que los seis fusilados.
Hubo co-imputados que salvaron con vida. Juan Vargas Álvarez y Carlos Ruiz Alvarado fueron condenados a presidio menor y relegación forzosa respectivamente en el mismo Consejo de Guerra Rol 11-73. Cumplieron sus penas. Sobrevivieron. Sus testimonios, décadas después, fueron cruciales para que la verdad pudiera comenzar a emerger de los archivos del Estado.
Hubo campesinos liberados del Fundo El Toro que permanecieron detenidos en la Tenencia de Fresia. Fueron liberados bajo condiciones humillantes: prohibición estricta de volver al predio, prohibición de reorganizar sindicatos, amenazas de nueva detención si desobedecían. Vivieron bajo coerción.
Hubo testigos presenciales que, décadas después, tuvieron el coraje de declarar ante tribunales. Como Héctor Higueras, ex prisionero del Regimiento Sangra y de la cárcel de Puerto Montt, quien atestiguó formalmente sobre las condiciones de encierro, las torturas sufridas por los prisioneros de Fresia, y los mecanismos de represión que operaban en los recintos policiales de la región.
Y hubo sobrevivientes acreditados por la Comisión Valech. Cuando la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura funcionó entre 2003 y 2005, recibió testimonios de decenas de vecinos de Fresia, Tegualda y Parga que fueron reconocidos formalmente como víctimas de prisión política. Sus nombres, sus historias, sus traumas, quedaron registrados en carpetas individuales protegidas por la Ley N° 19.992, que establece un secreto de 50 años para resguardar la intimidad de las víctimas.
Diciembre de 2023: La verdad judicial definitiva
Durante casi tres décadas, los crímenes de Chamiza permanecieron impunes. Los oficiales responsables nunca fueron condenados. Las víctimas quedaron abandonadas a la justicia transicional: informes, reconocimientos, pero sin condenaciones penales efectivas.
Fue recién en 2023 cuando el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, actuando desde la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, reabrió judicialmente el caso. El 13 de diciembre de 2023, dictó sentencia definitiva de primera instancia.
Los resultados fueron históricos:
- 1) Condenó a ex oficiales uniformados por los homicidios calificados del caso Chamiza y el allanamiento del Fundo El Toro.
- 2) Anuló la validez procesal del Consejo de Guerra Rol 11-73, determinando que careció de toda legitimidad como tribunal.
- 3) Calificó las ejecuciones como crímenes de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben, que trascienden fronteras jurisdiccionales, y que generan responsabilidades internacionales.
- 4) Ordenó medidas de reparación económica y moral a favor de las familias de las víctima.
La Corte Suprema de Justicia ratificó esta sentencia.
El vacío de Fresia
Pero aquí está el problema.
A pesar de que un tribunal de la República condenó los crímenes. A pesar de que el Estado reconoce formalmente que ocurrieron. A pesar de que las familias de las víctimas tienen derecho legal a reparación. Fresia, como comuna, no ha nombrado públicamente a estos seis hombres.
No hay placa en espacio público alguno. No hay acto conmemorativo municipal anual. No hay referencia educativa local. No hay acto de duelo cívico.
La verdad judicial quedó escrita. Pero la memoria cívica sigue vacía.
Los desafíos que se abren para Fresia
La sentencia de Mesa Latorre no cerró el caso. Lo abrió.
El fallo judicial no representa el punto final, sino que puede ser el inicio de una nueva etapa. Para la comuna de Fresia, la resolución abre una interrogante ineludible sobre cómo procesar institucional y socialmente los hechos de 1973, transformando un trauma arraigado en silencio durante décadas en parte de la historia pública del territorio.
El desafío para Fresia ya no pasa únicamente por los tribunales, sino por la capacidad de su comunidad y sus instituciones para enfrentar un pasado que, a través de la justicia, exige dejar de ser un secreto a voces.
La pregunta que no se suede eludir
¿Por qué Fresia aún no ha hecho nada de esto?
¿Porque las autoridades locales desconocen la sentencia de Mesa Latorre? Improbable en 2026. ¿Porque temen consecuencias políticas? Posible, pero inaceptable. ¿Porque no hay presión ciudadana? Eso puede cambiar con dialgo.
Lo que es claro es esto: la verdad judicial ya fue entregada. Ahora falta la memoria cívica.
Los trabajadores de El Toro fueron ejecutados por el Estado. Un tribunal de la República lo reconoció en diciembre de 2023. Las familias de esos hombres tienen derecho a reparación moral. Fresia tiene derecho a conocer su propia historia completa.
Eso no es venganza. Es justicia que se traduce en memoria. Es política que se traduce en dignidad.
La sentencia está dictada. Ahora le toca a Fresia.
