La Sala del Senado dio luz verde al informe de la Comisión Mixta que zanjó las últimas diferencias sobre el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. Tras un extenso debate, la iniciativa fue aprobada con 27 votos a favor y 22 en contra, concluyendo así su tramitación en el Congreso y quedando en condiciones de ser promulgada como ley por el Ejecutivo.
El punto clave de la discusión se concentró en el mecanismo diseñado para compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que provocará la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) a todas las personas mayores de 65 años sobre su vivienda principal. Para aminorar dicho impacto, el Ejecutivo estableció una fórmula que contempla la entrega de 110 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal (FCM) y otros 80 mil millones de pesos en transferencias directas a las municipalidades. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) e informados a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República para su posterior distribución.
Para acceder a estos recursos compensatorios, los municipios deberán cumplir con dos condiciones obligatorias: mantener al día la entrega de información sobre su recurso humano a la Dipres y acreditar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos entre los años 2023 y 2025. Adicionalmente, la ley traspasa a la Tesorería la facultad de realizar la cobranza administrativa y judicial de las deudas por derechos de aseo que remitan las municipalidades, otorgándole la capacidad de entregar facilidades de pago, condonar multas o retener devoluciones de impuestos a los contribuyentes morosos en patentes o aseo.
El debate en el hemiciclo, seguido desde las galerías por un grupo de alcaldes de oposición, expuso profundas divisiones sobre el criterio distributivo. Quienes votaron en contra argumentaron que la medida carece de focalización al no exigir un límite de ingresos a los adultos mayores beneficiados, lo que genera una distribución inequitativa donde comunas con mayores recursos reciben aportes significativamente superiores en comparación con sectores vulnerables. Señalaron que el resguardo financiero debió canalizarse únicamente a través del Fondo Común Municipal para proteger la equidad territorial.
Por el contrario, los parlamentarios que respaldaron la propuesta enfatizaron que la ley cumple el compromiso de asegurar que ninguna comuna de Chile reciba menos recursos que los actuales. Asimismo, destacaron la urgencia de despachar el marco legal para acelerar la reactivación económica del país y brindar un alivio tributario concreto a la clase media. Tras la votación, los senadores Claudia Pascual y Francisco Huenchumilla hicieron reserva de constitucionalidad sobre la fórmula aprobada —lo que abre la opción de una revisión ante el Tribunal Constitucional—, mientras que el senador Fidel Espino
