El parlamentario pidió que la Superintendencia de Bancos y la justicia investiguen casos en que familias perdieron sus propiedades por deudas de créditos de consumo, y advirtió que serían siempre los mismos compradores quienes se adjudican los terrenos rematados.
El senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, denunció este lunes 2 de noviembre una situación que, según afirmó, está afectando a familias de la zona que han perdido sus propiedades en remates originados por deudas de créditos de consumo. El legislador anunció que llegará «hasta las últimas consecuencias» para esclarecer los hechos y que evalúa acciones judiciales junto a su equipo jurídico.
«Hay situaciones que tienen que ser investigadas no solamente por la Superintendencia de Bancos, sino que también por la justicia. Nos parece inaceptable y vamos a investigar a fondo lo que está ocurriendo hoy día en nuestra región», sostuvo Espinoza.
El caso que motivó la denuncia ocurrió en el sector Aguas Buenas, en la comuna de Puerto Octay. Según relató el senador, una familia de escasos recursos perdió la totalidad de su propiedad por un préstamo de tres millones de pesos otorgado por BancoEstado, sin haber recibido aviso alguno del proceso. «Vamos a reunirnos con nuestro equipo jurídico para evaluar todas las acciones que permitan investigar a fondo estas situaciones sospechosas», afirmó.
Espinoza agregó que a su oficina han llegado otros casos vinculados tanto a BancoEstado como a distintas instituciones financieras, en los que identificó un elemento que se repite. «Hay un denominador común: las mismas personas están comprando propiedades que salen a remate, lo cual puede significar que eventualmente haya una colusión entre agentes de instituciones bancarias o de la recepción judicial, para avisar de propiedades objeto de remate producto de créditos de consumo», advirtió el parlamentario.
De confirmarse, la situación descrita por el senador implicaría que información sobre propiedades próximas a ser rematadas estaría llegando de manera anticipada a un grupo reducido de compradores, en desmedro de familias deudoras que, en algunos casos, ni siquiera habrían sido notificadas del procedimiento. Por ahora se trata de una denuncia que el legislador busca llevar ante los organismos fiscalizadores y los tribunales, y hasta el cierre de esta nota no se conocía una respuesta de las instituciones bancarias aludidas.
