17 de junio de 2024

Operación contra ley ECMPO y ataques a comunidades indígenas serán abordados por Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizará en marzo de este 2024, el examen periódico relativo al cumplimiento e implementación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado chileno y entre los puntos que asoman, aparecen varios aspectos críticos relativos a los derechos indígenas, entre ellos, la situación de amenaza que enfrenta Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”

La última vez que Chile presentó un informe ante dicho Comité, fue el año 2021, en el gobierno de Sebastián Piñera,  en noviembre del 2021, dando cuenta de una serie de avances del Estado en el cumplimiento e implementación del pacto, en virtud de una lista de preguntas efectuadas por dicho organismo.

Entre los temas destacados, como un avance en materia de reconocimiento de derechos indígenas, el gobierno de Piñera destacaba la Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”.  

En su informe, el Ejecutivo mencionaba:   Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”.

En el presente, comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, han hecho ver al Comité, que en poco más de dos años, el escenario que se describía, ha cambiado radicalmente y hoy, ésta ley, enfrenta una serie de ataques y amenazas, así como la generación de un ambiente que promueve el odio racial.

Para la Plataforma Educativa Fên, existen numerosos antecedentes registrados, sobre prácticas de hostigamiento y discriminación contra comunidades en Chiloé y la Patagonia que defienden sus territorios.

En esa línea, desde diversas comunidades por medio de un informe sombra, se ha afirmado que hay una sistemática campaña de desinformación y de hostilidad levantada desde ciertos sectores vinculados a intereses industriales y transnacionales, junto a grupos políticos, amenaza la integridad de los defensores en la Región de Los Lagos y Aysén, que tienen como propósito cercenar la ley de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO), campaña, que incluye a una serie de exfuncionarios del gobierno de Sebastián Piñera, a través de militancias políticas o bien, a través de empresas y transnacionales ligadas a la salmonicultura.

“A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento  y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos”, se señala en uno de los informes.

También, se ha hecho eco que existe una moción parlamentaria para «perfeccionar» la ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) o también denominada: la Ley Lafkenche, presentada por un grupo de senadores, la que ha sido calificada por diversas comunidades indígenas y organizaciones como «racista», ya que se estima, que este intento de modificación plantea reestructurar la legislación, para supuestamente “compatibilizar” las actividades en el borde costero, generando controversias sobre sus reales intenciones y sus implicancias en los derechos indígenas, ya que justamente, lo que hace la ley es armonizar actividades sustentables y genera una herramienta de protección frente a actividades industriales dañinas.

Se ha resaltado, el papel crucial de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, para sostener trabajos y recursos bentónicos, en particular ante los impactos industriales, razón por lo que se ha hecho el llamado a cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.

Organizaciones y comunidades denunciantes, en el marco del examen al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos, consideran insólito una eventual modificación de la Ley Lafkenche y que se permitan campañas racistas contra defensores ambientales y de espacios costeros marinos de Pueblo Originarios.

Uno de los puntos controversiales, es que este jueves29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a  ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 El Estado chileno deberá dar respuesta ante el Comité, el cómo garantizará los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y se respeten sus usos consuetudinarios frente a las amenazas y campañas de boicot contra la ley lafkenche, así como cuáles son las medidas concretas que se implementarán para agilizar la tramitación de las solicitudes de ECMPO y evitar demoras injustificadas. Otro punto de urgencia, es cómo se abordarán los ataques racistas denunciados por las comunidades indígenas y qué acciones tomará para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche.

La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral.