En un ambiente de extrema tensión que desnudó el delicado momento financiero y administrativo de la casa edilicia, el Concejo Municipal de Fresia aprobó este martes 22 de septiembre de 2026 una modificación presupuestaria forzosa para devolver $66.730.359 al Estado. Los recursos corresponden al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGEM) de los períodos 2023 y 2024, asignados por la Subdere, los cuales sencillamente no se ejecutaron dentro de los plazos legales, perdiéndose de manera definitiva para el avance de la comuna.
La sesión extraordinaria N.º 316, convocada a raíz del Memorándum N.º 105 de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), no solo formalizó el reintegro de estos fondos hacia el Tesoro Público, sino que expuso una profunda estrechez económica que llevó al alcalde Miguel Cárdenas Barría a poner sobre la mesa una advertencia frontal: si no se ajustan los números y se estabilizan los gastos corrientes, la administración comunal se verá en la obligación de desvincular funcionarios antes de fin de año.
El detalle técnico leído en sala ratificó el vencimiento fatal de los convenios. Del FIGEM 2023 se debieron reintegrar $60.219.359 que estaban destinados a obras vecinales como resaltos reductores de velocidad, adelantos en el Estadio La Maine y mejoras en el sector San Nicolás. A esto se sumaron $6.511.000 del ejercicio 2024 que tampoco lograron materializarse a tiempo, obligando al municipio a asumir con recursos propios el pago de boletas pendientes por consultorías de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan). La administración argumentó que la Subdere otorgó un plazo perentorio de 20 días tras instrucciones de la Contraloría General de la República, y que las gestiones y reuniones sostenidas en Puerto Montt y Santiago fueron infructuosas para evitar la devolución.
Para subsanar el déficit y garantizar la operatividad de los servicios municipales hasta el 31 de diciembre, la DAF recurrió a un salvavidas de más de $128 millones provenientes del saldo final de caja del Royalty Minero. Con estos fondos de libre disposición se suplementaron $49,5 millones para prórrogas de convenios a honorarios, $67 millones para el pago de consumos básicos como luz, agua y telefonía, y $7,4 millones para combustible. Esta maniobra desató duros reparos en el cuerpo colegiado, donde se acusó que recursos creados para apalancar inversión comunal e iniciativas de desarrollo nuevo terminaron convertidos en un parche para absorber ineficiencias y solventar gastos operativos de arrastre.
La molestia escaló todavía más cuando los concejales exigieron respuestas concretas sobre los culpables de este perjuicio patrimonial, momento en que el equipo municipal y la alcaldía tuvieron que reconocer públicamente la existencia de dos sumarios administrativos que siguen abiertos y sin resolverse. El primero corresponde a una investigación sumaria en curso para determinar responsabilidades administrativas por la tardanza y negligencia técnica que costó la pérdida de los $66 millones del FIGEM. El segundo sumario, instruido y conducido por el director de control, investiga las graves irregularidades y la sustracción no autorizada de combustible municipal, hecho que generó suspicacias al solicitarse en la misma tabla otros $7,4 millones para bencina y petróleo. A este crítico cuadro de investigaciones internas se añadió la latente preocupación por la contingencia de casi $400 millones por convenios de pozos profundos de agua potable rural, donde persisten observaciones pendientes ante la Subdere.
Al momento de la votación, el Concejo Municipal quedó completamente fracturado. Por la aprobación estuvieron las concejalas Yoanna Ovando Nopai (PS) y Soledad Barría Antilef (IND-DC), junto al concejal César Marcial Muñoz Nieto (RN), quienes justificaron su respaldo en la necesidad de no arriesgar trabas administrativas ni bloqueos en futuras asignaciones de la Subdere para la comuna. En la vereda contraria, los concejales Carlos Alarcón Alarcón (RN), José Alvarado Pacheco (REP) y Karin Altamirano Ortega (UDI) rechazaron la propuesta de plano, fustigando la ineficiencia técnica, cuestionando que aún no existan sanciones concretas tras los sumarios y negándose a respaldar la devolución de dineros que debieron traducirse en obras concretas para los vecinos.
Ante el empate de tres votos contra tres, el alcalde Miguel Cárdenas Barría hizo uso de su voto dirimente para inclinar la balanza y consumar el reintegro de los $66 millones al nivel central. Una posterior moción de compromiso para incorporar a los ediles en la focalización de futuros fondos fue desestimada por el bloque opositor integrado por Alarcón, Alvarado y Altamirano, quienes optaron por abstenerse al calificarla como una medida meramente distractora.
