La coraza institucional que protegía al Senador Miguel Ángel Calisto Águila (independiente/ex-DC) comienza a ceder de forma irreversible. En un fallo unánime que marca un punto de inflexión en el tablero judicial del sur del país, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.
La señal del tribunal de alzada es lapidaria para las aspiraciones defensivas del parlamentario. Tras revisar la carpeta investigativa, los magistrados concluyeron que los antecedentes presentados por el Ministerio Público son «serios, reales y plausibles», superando con creces el umbral necesario para abrir la formación de causa. En simple: hay mérito suficiente para que la justicia avance sin el freno de mano del fuero parlamentario hacia la preparación del juicio oral.
Los números del desfalco y el revés en Coyhaique
El caso no es menor. La investigación liderada por la fiscalía apunta a una trama de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado, un entramado que involucra a ocho imputados y cuyo perjuicio fiscal acumulado supera los 100 millones de pesos. En esa línea de fuego figuran los cargos que pesan directamente sobre el senador.
Por si fuera poco para la estrategia jurídica de Calisto, el revés judicial se multiplica en paralelo. La Corte de Apelaciones de Coyhaique cerró filas contra el senador al rechazar un recurso de amparo presentado por su defensa. Dicho recurso buscaba frenar los efectos de una resolución de septiembre pasado que negó una ampliación del plazo investigativo y desestimó una cautela de garantías relacionada con soportes digitales aportados por un coimputado.
La justicia ha sido clara: las nuevas aristas surgidas de delaciones o antecedentes de otros implicados corren por cuerdas separadas, y aquellas pruebas que la defensa reclamaba no figuran en la acusación oficial, despejando el camino procesal.
El tablero político que se abre
Una vez que la resolución de desafuero quede ejecutoriada, el parlamentario perderá la protección que le otorgaba su escaño frente a la persecución penal en esta causa, transformando su defensa legal en una carrera contra el tiempo ante tribunales.
Para un legislador acostumbrado al peso de la influencia regional en Aysén, el escenario actual transforma su oficina parlamentaria en una trinchera judicial. La política y los tribunales se entrelazan una vez más en el sur, a la espera de que el caso cruce la frontera definitiva hacia el banquillo de los acusados.
