La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezado por Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario tras detectar irregularidades en una publicación que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”, en medio de una controversia que involucró al Ejecutivo.
Según el dictamen conocido este miércoles, el organismo contralor señaló que, si bien la cartera puede informar a la ciudadanía a través de redes sociales —incluso utilizando lenguaje cotidiano—, estas comunicaciones deben respetar principios fundamentales como la probidad, la transparencia y el deber de entregar información “verificada, correcta y oportuna”.
En ese contexto, la Contraloría reconoció que la Segegob expuso antecedentes sobre la situación fiscal —como el endeudamiento y las medidas de ajuste— dentro de un marco permitido. Sin embargo, advirtió que no se aportaron elementos suficientes para respaldar “fáctica y técnicamente” el uso de expresiones específicas, en particular el concepto de “Estado en quiebra”.
El organismo también destacó que la propia cartera admitió que dicha expresión no se ajustó “cabalmente al estándar de moderación y mesura” exigido a las autoridades, reconociendo que podía generar confusión en la ciudadanía, lo que finalmente llevó a eliminar el contenido.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría concluyó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar publicaciones con información imprecisa o potencialmente confusa. Además, ordenó instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, otorgando un plazo de cinco días hábiles para informar su inicio y resultados.
Origen de la polémica
La controversia se remonta a marzo, cuando la Contraloría ofició al gobierno del presidente José Antonio Kast tras detectar publicaciones en redes institucionales que afirmaban que el Estado chileno estaba “en quiebra”. En ese momento, solicitó detallar los recursos públicos utilizados, el personal involucrado y el sustento normativo y fáctico de dichos mensajes.
El contenido cuestionado incluía piezas gráficas y audiovisuales relacionadas con el alza de los combustibles, donde se señalaba que no era posible reducir su precio porque “nos dejaron sin plata” y que existía “un Estado en la quiebra”.
Estas afirmaciones generaron críticas de especialistas y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien rechazó el concepto y lo calificó como inapropiado, señalando que “jamás ocuparía esa palabra”.
La polémica escaló rápidamente en el ámbito político y comunicacional, lo que obligó al Ejecutivo a retirar el material difundido y responder al requerimiento del ente fiscalizador. Paralelamente, desde el Gobierno se reconoció el error en el uso del término, en un contexto marcado por el debate sobre la situación fiscal y las medidas de ajuste impulsadas por la administración Kast.
En definitiva, el caso terminó poniendo el foco en la responsabilidad comunicacional de las autoridades y en el uso adecuado de las redes institucionales para informar a la ciudadanía.
