- Tras conocerse el informe de Contraloría que ordena a la Municipalidad de Fresia recuperar más de $10 millones por el viaje de tres concejales a Perú, el exedil Marcelo Barrientos afirmó que “la transparencia no es un favor, es un deber”, recordando que advirtió las irregularidades cuando ejercía su cargo.
El exconcejal Marcelo Barrientos se refirió públicamente al Informe N.º 935-2024 de la Contraloría Regional de Los Lagos, que detectó irregularidades administrativas en el viaje a Lima realizado en 2023 por tres concejales de la comuna, ordenando la restitución de más de $10 millones en recursos municipales.
En una publicación difundida a través de redes sociales, Barrientos expresó una reflexión crítica sobre la falta de responsabilidad y coherencia en el manejo de los recursos públicos y las decisiones del Concejo Municipal.
“Cuando lo advertí, me llamaron populista.
Cuando me opuse, dijeron que exageraba.
Hoy, la Contraloría confirma lo que muchos no quisieron ver.
No era política, era responsabilidad. No era oposición, era coherencia.”
El exedil agregó que quienes más uso hicieron de los beneficios observados por el órgano fiscalizador “terminan siendo la primera mayoría comunal”, lo que consideró “ilógico, pero real”, atribuyéndolo a la falta de voto informado y de compromiso ciudadano con la probidad.
“La transparencia no es un favor, es un deber. Y aunque duela, el tiempo siempre termina dando la razón. Chile no necesita más promesas: necesita consecuencia, probidad y memoria”, sentenció Barrientos.
Reacciones en el contexto del informe
El comentario del exconcejal surge en medio de la controversia generada por la reciente sesión del Concejo Municipal, en la que el alcalde Miguel Cárdenas Barría y los ediles Karin Almirano y Soledad Barría votaron en contra de enviar los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER), mientras los concejales Carlos Alarcón, Marcial Muñoz y Yohana Obando —vinculados al viaje— se abstuvieron de participar en la votación.
El informe de Contraloría instruyó expresamente recuperar los fondos públicos y adoptar medidas administrativas para reforzar la probidad interna, además de advertir votaciones con interés directo en la aprobación del viaje, lo que podría derivar en nuevas revisiones por parte del órgano fiscalizador o del TER.
