El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien deberá ingresar a la Cárcel de San Joaquín, en el marco de una investigación por cohecho reiterado y lavado de activos.
La resolución fue adoptada tras una extensa audiencia de formalización encabezada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, la cual continuará este martes luego de que el tribunal autorizara una ampliación de la detención.
Vivanco fue detenida la noche del domingo por personal del OS-7 de Carabineros y compareció ante el juez Cristián Sánchez, quien acogió los argumentos del Ministerio Público en relación con la gravedad de los hechos imputados.
Según se expuso en audiencia, la Fiscalía sostiene que la exmagistrada, junto a su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, habría participado en un acuerdo para favorecer al consorcio chileno-bielorruso vinculado al caso Belaz Movitec (CBM), en litigios contra Codelco.
El Ministerio Público indicó que, mientras las causas se encontraban en tramitación en la Corte Suprema, Vivanco y Migueles habrían recibido al menos 90 millones de pesos, provenientes de honorarios pagados por el consorcio a los abogados involucrados. Asimismo, se estableció que la entonces ministra concurrió con su voto a resoluciones favorables, las que derivaron en pagos cercanos a los 12 mil millones de pesos por parte de la empresa estatal.
Durante la audiencia, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer sostuvo que estos pagos constituyen beneficios económicos directos obtenidos mientras la imputada ejercía funciones jurisdiccionales, configurando una infracción grave a los deberes del cargo.
El tribunal estimó que la reiteración de los delitos imputados y su impacto en la confianza pública justifican la aplicación de la prisión preventiva, considerando que otras medidas cautelares resultarían insuficientes para asegurar el desarrollo de la investigación.
Con esta decisión, Vivanco se suma a los otros tres imputados de la causa —Migueles, Vargas y Lagos— quienes permanecen en prisión preventiva desde el 15 de noviembre.
La defensa alegó problemas de salud y calificó la detención como innecesaria, argumentos que fueron desestimados por el tribunal, el cual priorizó la gravedad de los hechos y su impacto en la independencia del Poder Judicial.
