Tribunal ordenó la eliminación de todos los antecedentes obtenidos mediante las interceptaciones, tras acoger recurso de amparo presentado por la defensa de la psiquiatra.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus Lagos, expareja de Alberto Larraín, en el marco de la investigación del caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios. En su resolución, el tribunal declaró ilegales las resoluciones que autorizaron las escuchas telefónicas en su contra y ordenó la eliminación de todo lo obtenido a partir de dichas medidas en la investigación fiscal.
La defensa de Huneeus, integrada por los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, argumentó que su teléfono personal fue intervenido el 2 de octubre de 2024 bajo la “suposición errónea” de que pertenecía a Alberto Larraín, quien sí figura como imputado en la causa que indaga millonarios traspasos entre fundaciones y el Estado.
Según el recurso, el Ministerio Público continuó con la interceptación a pesar de tener conocimiento de que se trataba de una escucha indebida. Los abogados calificaron esta acción como una “intromisión abusiva”, que vulneró la libertad personal y el derecho a la vida privada de su representada.
Uno de los antecedentes más sensibles revelados en el escrito es una conversación telefónica entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, ocurrida el 14 de octubre de 2024, cuando su teléfono ya estaba intervenido. En dicha llamada —grabada por la PDI y con varios minutos de duración— ambos abordaron el desarrollo de la investigación del caso ProCultura, hicieron referencia al propio Larraín y a la situación judicial de Irina Karamanos.
De acuerdo con el recurso, el contenido de esa conversación fue utilizado por la Fiscalía como fundamento para solicitar una orden judicial de interceptación contra el Presidente, solicitud que fue rechazada por el tribunal el 12 de noviembre por falta de antecedentes.
La defensa subrayó que Huneeus no estaba imputada en la causa, sino que había sido descrita como testigo, y que la mantención de la interceptación se basó únicamente en “meras conjeturas” sobre su posible conocimiento de los hechos.
Con este fallo, la Corte de Apelaciones establece un precedente respecto al respeto de las garantías constitucionales en procesos investigativos, especialmente en casos de alta connotación pública.
