Tras ser removido, el fiscal regional de Coquimbo tendría plazo hasta este martes para entregar un informe solicitado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en relación con el caso.
Una decisión de alto impacto remeció al Ministerio Público este viernes, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la psiquiatra Josefina Huneeus, declarando ilegales las escuchas telefónicas que afectaron su línea en el marco de la investigación por el Caso ProCultura.
El fallo ordenó eliminar los registros obtenidos mediante esta medida intrusiva, pero sus efectos fueron mucho más allá del caso puntual.
Solo horas después del fallo, la Fiscalía Nacional confirmó la remoción del fiscal Patricio Cooper, quien hasta entonces lideraba la investigación.
La decisión fue tomada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en un giro que provocó reacciones divididas.
Según conocedores del proceso, la salida de Cooper abre una nueva etapa en la indagatoria. De hecho, el fiscal regional de Coquimbo, quien fue notificado formalmente, tiene plazo hasta este martes para entregar un informe solicitado por Valencia.
En ese documento deberá detallar cómo se tomaron las decisiones cuestionadas por el tribunal de alzada, lo que podría derivar en la apertura de un sumario interno, consignó La Tercera.
Nuevo liderazgo y dudas sobre apelación
Cabe mencionar que el caso ahora quedó en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien ya tenía bajo su responsabilidad otras investigaciones del Caso Convenios, entre ellas la de Democracia Viva.
El equipo del fiscal Castro, encabezado por el persecutor Cristián Aguilar, fue precisamente el que inició las primeras diligencias contra la fundación liderada por Alberto Larraín.
En declaraciones al mismo medio, -durante en abril pasado-, el propio Castro Bekios dio luces de su enfoque: “Esto no se trata de casos aislados. Es un fenómeno de corrupción con patrones comunes. Hay que abordarlo como un fenómeno criminal”, señaló.
Ahora, con el expediente de vuelta en su región, Castro Bekios deberá definir si presentará una apelación ante la Corte Suprema. No obstante, fuentes cercanas a la investigación sostienen que es poco probable que se opte por esa vía, dado el riesgo de que el máximo tribunal ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, lo que podría debilitar aún más la posición del Ministerio Público.
