Un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas a nivel nacional: 342 municipios del país, equivalentes al 90% del total, no han dado cumplimiento a la obligación legal de remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito los Planes Comunales de Seguridad Pública y las actas de los Consejos Comunales de Seguridad, tal como lo exige la normativa vigente.
El informe, correspondiente al undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), revela que esta omisión se ha vuelto sistemática y crítica. Peor aún, 110 de estos municipios fueron clasificados en la categoría de “urgentes” debido a su alto nivel de vulnerabilidad socio-delictual.
Falta de planificación, más riesgo
La Contraloría advirtió que la ausencia o desactualización de estos instrumentos estratégicos compromete seriamente la capacidad de los municipios para enfrentar la delincuencia. “No contar con un Plan Comunal de Seguridad aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas”, señala el informe, lo que se traduce en una mayor exposición de la población a delitos y situaciones de inseguridad.
El informe también critica la irregularidad en el funcionamiento de los Consejos Comunales de Seguridad. Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N°18.695), estos consejos deben sesionar periódicamente y enviar sus actas a la Subsecretaría, cosa que no está ocurriendo: entre 2021 y 2024, 72 municipios enviaron sus actas con más de un año de retraso, y otros 19 no reportaron ninguna sesión.
Comunas con mayor incumplimiento
Además de La Florida, destacan en la lista de comunas urgentes sin plan actualizado Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa. Algunas, como Alto Biobío o Cartagena, no han reportado sesiones del Consejo en años, lo que evidencia una grave descoordinación entre autoridades locales, policías y comunidad.
Más preocupante aún, siete de las 40 comunas con mayor vulnerabilidad —entre ellas Estación Central, Quilicura, Lo Espejo y Viña del Mar— han registrado apenas entre dos y seis sesiones del consejo en todo 2024, muy por debajo de la exigencia mínima de una sesión mensual.
Repercusiones y llamados de atención
La falta de actualización y envío de estos documentos no es un problema menor: se trata de instrumentos clave para coordinar políticas intersectoriales de prevención del delito, articular esfuerzos locales y regionales, y proteger de manera efectiva a la ciudadanía. La Contraloría ha reiterado que, sin esta planificación, se debilita la acción preventiva y se dificulta el trabajo conjunto con fuerzas policiales y otras entidades estatales.
Este nuevo llamado de atención del ente contralor vuelve a poner bajo la lupa el rol de los gobiernos locales en materia de seguridad pública, en momentos en que la ciudadanía exige respuestas efectivas frente al aumento de hechos delictuales.
